Artículo de opinión: la gripe A

MARIA DEL CARMEN VERDÚ
El gobierno usa la paranoia por la gripe A como cortina para endurecer leyes
Agencia Walsh
La gran luchadora por los DDHH y referente de CORREPI, Maria del Carmen Verdú, expreso en su habitual columna de Leña al Fuego estas palabras que merecen una detenida lectura. Transcribimos a continuación la columna referida del sábado 11 de julio: “ Hola. Hace un par de semanas, la revista Barcelona titulaba: EXPERTOS CONFIRMAN QUE “EN CUANTO TERMINE LA PARANOIA CON LA GRIPE PORCINA Y CUANTA PESTE ANDE POR AHÍ, VOLVERÁ LA INSEGURIDAD”. Y luego afirmaban: “Aunque en las últimas semana los delincuentes dejaron de asesinar gente y cometer delitos más revulsivos, los especialistas confirman que la inseguridad “vuelve con todo” en unos días. Los responsables de los medios se mostraron eufóricos por la noticia.” Aprovechando que las tapas de los diarios se repartieron, esta semana, entre la gripe, la muerte de Michael Jackson y la rotación interna del gabinete nacional, los senadores, calladitos, calladitos, dieron media sanción a la reforma del régimen penal para los menores de edad.
Lo que aprobaron es una combinación de tres proyectos: del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista versión no kirchnerista, y de la Unión Cívica Radical. Un ejemplo bien claro de que, cuando se trata de reprimir, no hay internas significativas entre las distintas fracciones del partido de la burguesía. (...) establece que los chicos de 14 a 18 años son penalmente responsables. Para decirlo con más claridad: Baja a 14 años la edad a partir de la cual un pibe puede ser sometido a un proceso penal. Hasta ahora, las leyes consideraban que un pibe de 14 o 15 años no tiene la suficiente madurez psicofísica para ser juzgado. Pero, ojo, que eso nunca significó que “entrara por una puerta y saliera por la otra”. Más bien, todo lo contrario. El juez de menores, con total discrecionalidad, decide qué hacer con ese pibe, aplicando las medidas de seguridad que le parezcan oportunas. Esas medidas varían desde la simple entrega del menor a su familia, hasta la internación compulsiva en un instituto que en nada se diferencia de una cárcel –muchas veces son todavía peores-. La diferencia entre uno y otro extremo depende, siempre, de la condición de la familia. Como dice un graffiti anónimo frente a la alcaidía de la calle Lavalle, “el rico nunca entra, y el pobre nunca sale”. Pero volvamos al proyecto aprobado. Cuando se convierta en ley, el pibe de 14 o 15 años, será juzgado igual que el de 16 o 17. Claro, para aparentar algún criterio “tuitivo”, el proyecto dice que, hasta los 15, sólo se podrá condenar por delitos dolosos con pena mínima de tres años de prisión, y a los de 16 y 17 años, si la pena mínima es de dos años. Repasando el código penal, vemos cuáles son algunos de los delitos excluidos, por la pena mínima. El problema es que no parecen ser las causas más habituales de encarcelamiento de chicos pobres: accidentes de tránsito, bigamia, duelo o instigación al suicidio, por ejemplo. Tampoco la privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público, las coimas o la tortura, siempre disfrazada como apremios, vejaciones o severidades, otros delitos con penas mínimas de menos de 2 años. Como decía mi abuelo, mucho ruido y pocas nueces. Un sistema que dice cosas bonitas. Por ejemplo: “los menores tienen derecho, y así debe ser, a ser juzgados en un plazo razonable que será establecido en cada ley procesal”. Derecho, dicho sea de paso, que no existe, ni como expresión de deseos, para los miles y miles de presos sin sentencia que se hacinan en cárceles y comisarías, tengan la edad que tengan. Y mientras tanto, ¿qué pasa en las calles y barrios de nuestro país? El 3 de julio, en el barrio El Pericón de Merlo, un policía federal disparó a quemarropa a un pibe de 16 años, Emanuel Isaías Gaetán, que está internado en grave estado. El policía está en su casa, porque para el fiscal fueron simples lesiones culposas. El sábado 4 de julio, en Garay y Lima Oeste, Constitución, otro federal le metió un tiro a un muchacho de Senegal, vendedor ambulante. El oficial también está en libertad, total fue sólo “abuso de arma” y “lesiones”. El 7 de julio, en la localidad pampeana de Eduardo Castex, dos policías provinciales fusilaron a Matías Damián Ramos, un joven cazador furtivo de liebres. ¿Se acuerdan de Cristian Cicovicci, el cazador de nutrias fusilado cerca de Dolores en 1996, porque se negó a entregar a unos policías los animales que había cazado? Y podríamos seguir y seguir, con Enrique Alejandro Bin, detenido en la jefatura de policía de Santa Fe, que hace poco, pidió ver a su juez, y le dijo que los policías lo iban a matar. Esta semana apareció muerto en su celda. O dos casos de Florencio Varela: Un vigilador privado, retirado de la bonaerense, y un oficial en servicio, que a cuadras de diferencia, fusilaron a dos pibes por la espalda. La nota de Barcelona, terminaba diciendo: “El gerente de un conocido canal de noticias, aseguró que ya tienen preparados los videograf para cuando regrese la ola de violencia con frases como: "La sociedad a merced de la delincuencia" y "más víctimas de una justicia laxa y garantista". Los senadores, igual de previsores, votaron el nuevo régimen penal de menores.” AGENCIA DE COMUNICACION RODOLFO WALSH